El diputado Héctor Serrano Cortés consideró que las comparecencias de funcionarios estatales ante el Congreso de San Luis Potosí representaron un ejercicio favorable, pese a las críticas por el formato utilizado, que no contempló rondas de réplica y contrarréplica. Explicó que la dinámica fue resultado de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por lo que la posibilidad de regresar al esquema anterior podría ser valorada por quienes tengan esa responsabilidad el próximo año.
El legislador señaló que durante las comparecencias se expusieron reflexiones y cuestionamientos sobre distintos temas de la política gubernamental, a los que los funcionarios tuvieron oportunidad de responder y ampliar sus criterios. Asimismo, aclaró que este ejercicio no limita las facultades de las y los diputados para solicitar información adicional por escrito, ya que los servidores públicos están obligados a atender los requerimientos del Poder Legislativo.
En otro tema, Serrano descartó que exista, por ahora, una intención de impulsar incrementos extraordinarios en los impuestos municipales que afecten la economía de las familias potosinas. Indicó que los ajustes relacionados con la inflación son distintos a nuevos aumentos y afirmó que, hasta el momento, no han recibido propuestas municipales en ese sentido.
Respecto al presupuesto del Congreso del Estado, sostuvo que parte de los recursos adicionales responden a obligaciones legales y judiciales, entre ellas laudos laborales, jubilaciones y pensiones acumuladas de legislaturas anteriores. Detalló que existe un déficit para cubrir estos compromisos y mencionó que tan solo en algunos conceptos se han estimado alrededor de 30 millones de pesos. Aseguró que se trata de obligaciones institucionales que deben atenderse, aunque reiteró que el Poder Legislativo busca ejercer los recursos con austeridad.
Finalmente, informó que el Congreso mantiene pendientes dos consultas: una relacionada con personas con discapacidad y otra de carácter indígena. Explicó que se gestionan recursos por separado para cumplir con ambos procedimientos y que la consulta indígena podría requerir entre 13 y 14 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones previas. Añadió que la participación y supervisión de la Suprema Corte de Justicia busca evitar errores jurídicos que provoquen nuevas impugnaciones y gastos adicionales.
