El diputado Crisógono Pérez López aclaró que la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas de San Luis Potosí no representa una prohibición total de estos dispositivos, pues el dictamen contempla excepciones para situaciones de emergencia, riesgos para las y los estudiantes, cuestiones de salud y actividades educativas previamente determinadas por el personal docente.
Luego de que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología aprobara la iniciativa presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, Pérez López explicó que el objetivo central es evitar que los celulares se conviertan en un elemento de distracción durante las clases y afecten la concentración de los estudiantes.
El legislador señaló que las y los alumnos podrán recurrir al teléfono cuando enfrenten una situación de peligro o algún problema de salud. Sostuvo que el dispositivo podrá utilizarse cuando el docente lo considere necesario como una herramienta dentro de alguna actividad académica.
Sobre la posibilidad de utilizar los celulares para documentar casos de violencia dentro de los planteles, Pérez López reconoció que existen situaciones de agresiones entre estudiantes o incluso entre alumnos y profesores que han sido grabadas. Por ello, insistió en que la medida no busca retirar los teléfonos a los menores, sino regular su utilización durante la jornada escolar.
Pérez López sostuvo que uno de los principales argumentos para respaldar la regulación es el impacto que puede generar el uso inadecuado de los dispositivos en la atención y el aprendizaje. Señaló que la intención no es rechazar las herramientas tecnológicas, sino fomentar un uso responsable que contribuya al proceso educativo y evite que se conviertan en distractores.
Finalmente, respecto a las declaraciones del gobernador sobre posibles sanciones para escuelas que incumplan la regulación, incluso el eventual cierre de planteles, el diputado puntualizó que esas medidas no están contempladas en el dictamen aprobado por la Comisión de Educación. El gobernador había mencionado públicamente la posibilidad de aplicar sanciones, pero estas no forman parte del proyecto avalado este 29 de septiembre.
