El partido Somos MX promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar la invalidez total del Decreto 0571, mediante el cual el Congreso del Estado aprobó una reforma electoral sin realizar una consulta previa a pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad, como lo establece la Constitución.
De acuerdo con la dirigencia del instituto político, la impugnación surge en acompañamiento a una causa impulsada por colectividades, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que, desde hace varios años, han exigido que se garantice el derecho a una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada antes de aprobar reformas que impacten directamente en la representación política de estos sectores.
La acción fue promovida a través del presidente del Comité Estatal de Somos México en San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, quien, atendiendo la solicitud de quienes impulsan esta demanda, gestionó el respaldo de la dirigencia nacional del partido para hacer uso de la facultad constitucional que permite a los partidos políticos promover acciones de inconstitucionalidad.
La reforma electoral modifica las reglas para la postulación de candidaturas y la integración de los 58 ayuntamientos del estado, cambios que, según el recurso presentado, inciden directamente en los derechos político-electorales de los grupos que debieron ser consultados antes de su aprobación.
Somos MX recordó que el Congreso potosino ya ha sido señalado por la Suprema Corte por omitir este procedimiento. En 2020, el máximo tribunal invalidó la legislación electoral por haberse aprobado sin consulta, mientras que en 2022 declaró inválidas diversas disposiciones al considerar insuficiente el proceso consultivo y ordenó realizar nuevas consultas conforme a los estándares constitucionales.
No obstante, el partido sostiene que el plazo fijado por la SCJN venció en octubre de 2025 sin que el Congreso cumpliera con dicha obligación y que, pese a ello, en 2026 volvió a modificar la legislación electoral sin consultar a las comunidades involucradas.
Por ello, la acción de inconstitucionalidad solicita a la Suprema Corte declarar inválido el Decreto 0571, restablecer de manera provisional la legislación anterior para brindar certeza al proceso electoral 2026-2027 y ordenar al Congreso del Estado realizar las consultas correspondientes mediante un calendario verificable, conforme a lo establecido por la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
