El gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que su administración continuará y reforzará los apoyos destinados a las y los elementos policiales, especialmente en casos de fallecimiento en cumplimiento de su deber, al destacar que actualmente las familias reciben un seguro de vida de 1 millón de pesos, además de beneficios como vivienda y otras prestaciones que dijo no existían en administraciones anteriores.
Señaló que en casi cinco años de gobierno se han erogado alrededor de 6 millones de pesos en apoyos por estos conceptos, y que ya se han entregado más de cuatro viviendas a familias de policías caídos, con la intención de otorgar también retroactivos correspondientes a casos registrados en 2021 y 2022 que aún están pendientes.
El mandatario estatal afirmó que su gobierno seguirá impulsando reformas para dignificar a los cuerpos de seguridad, particularmente en materia salarial y de prestaciones, al considerar que se trata de una estrategia clave para fortalecer la labor policial en el estado. “Hoy tiene un costo ser uno de los estados más seguros”, expresó, al subrayar que la seguridad se construye con coordinación entre la Guardia Civil Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.
En otro tema, respecto a señalamientos sobre un presunto uso excesivo de la fuerza en Soledad, el gobernador evitó pronunciarse de fondo y pidió que las aclaraciones se soliciten directamente a las autoridades municipales. Afirmó que la Guardia Civil Estatal no participó en los hechos y reiteró que su administración no promueve la represión, sino el diálogo como vía principal de solución de conflictos.
Sostuvo que no se debe permitir la vulneración de derechos de terceros, particularmente en casos donde bloqueos o manifestaciones afecten el libre tránsito de la ciudadanía, al tiempo que citó el principio de que “el respeto al derecho ajeno es la paz”, como base para mantener el orden público sin afectar a la población.
Finalmente, sobre la polémica en torno al término “herencia maldita”, Gallardo Cardona respondió que este concepto se refiere a administraciones que, a su juicio, dañaron al estado durante décadas, y consideró que cada actor político debe asumir o no esa definición según su desempeño, sin que ello se utilice como un señalamiento automático.
