La presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, Edith Pérez denunció que continúan los trabajos de recuperación de restos óseos en una zona que calificó como un “sitio de exterminio humano”, donde afirmó existen indicios claros de que los restos localizados pertenecen a personas desaparecidas, pese a las reservas expresadas por autoridades de la fiscalía.
Pérez explicó que concluyó la tercera semana de labores en el lugar, sin que se haya logrado procesar la totalidad del terreno. Señaló que aún restan al menos dos semanas más de trabajo, debido a las condiciones del sitio, donde factores como la lluvia han provocado el desplazamiento de fragmentos óseos pequeños, dificultando su localización.
Detalló que durante las jornadas se han encontrado restos que confirman la presencia de víctimas humanas, incluyendo un torso con columna vertebral que aún conservaba prendas de vestir. “Si la fiscalía realiza el levantamiento con protocolo, es porque son restos humanos”, sostuvo.
La madre buscadora indicó que los fragmentos hallados sugieren la existencia de más de dos cuerpos en la zona. Sin embargo, precisó que todavía no se han localizado todos los cráneos correspondientes, lo que impide determinar con certeza el número total de víctimas.
La representante del colectivo también acusó deficiencias en la intervención de la fiscalía, al señalar que no se está cumpliendo con los protocolos establecidos en la legislación vigente en materia de desaparición forzada. Explicó que, conforme a la ley, los trabajos deben realizarse por un equipo multidisciplinario integrado por especialistas como arqueólogos, antropólogos y criminalistas.
No obstante, denunció que en el sitio únicamente se ha contado con la presencia de una arqueóloga, lo que afirmó limita el adecuado reconocimiento de los restos humanos. “La arqueóloga excava, pero quien identifica restos humanos es la antropóloga. Debe estar en campo”, subrayó.
Finalmente, acusó a las autoridades de incurrir en posibles violaciones a la ley al no integrar correctamente a los especialistas requeridos, lo que podría afectar tanto la identificación de las víctimas como el debido proceso en las investigaciones.
